Sam Altman busca aliviar la presión regulatoria ofreciendo al gobierno una parte de OpenAI y sugiere que otras grandes empresas de IA sigan su ejemplo.
En un movimiento audaz que podría redefinir la relación entre la industria tecnológica y el gobierno, OpenAI ha propuesto formalmente ceder una participación del 5% de su capital al gobierno de Estados Unidos. Esta oferta, revelada el 2 de julio de 2026, forma parte de una estrategia más amplia liderada por el CEO Sam Altman para suavizar las tensiones políticas en Washington y compartir los beneficios del auge de la inteligencia artificial con el público. Lo más sorprendente es que Altman ha instado a otros líderes del sector, como Google, Anthropic y Meta, a considerar modelos de propiedad similares.
¿Por qué este giro hacia la 'propiedad pública' de la IA?
La propuesta de OpenAI llega en un momento de creciente escrutinio regulatorio sobre las empresas de IA. Washington ha manifestado su preocupación por la rápida expansión de los centros de datos, el impacto en el empleo y los riesgos de ciberseguridad asociados a los modelos de inteligencia artificial de frontera. De hecho, tanto OpenAI como Anthropic han visto retrasados sus lanzamientos más avanzados debido a revisiones gubernamentales.
Altman ha argumentado que la propiedad pública podría ser “la mejor manera de compartir el lado positivo de la IA con el público”, haciendo eco de un debate más amplio sobre el crecimiento de la IA agentiva. Este marco no es del todo nuevo; la administración ya tomó una participación del 10% en Intel tras una inversión en agosto de 2025, sentando un precedente directo.
“Esta es una movida estratégica que va más allá de la regulación. OpenAI está intentando moldear el futuro de la gobernanza de la IA, pero también busca asegurar su propia licencia social para operar a una escala sin precedentes.”
Implicaciones: ¿Un nuevo modelo de relación público-privada?
El valor de la participación del 5% de OpenAI se estima en aproximadamente 42.600 millones de dólares, basándose en su valoración de marzo de 852.000 millones de dólares. La idea es que este tipo de acuerdos podría extenderse a otros desarrolladores de IA, aunque ninguna otra compañía ha confirmado su compromiso. Si Washington se convierte en accionista, se sentaría en ambos lados de la mesa: regulador y copropietario.
Los puntos clave de esta propuesta incluyen:
- Alivio de la presión regulatoria: Una participación gubernamental podría mitigar el impulso de una regulación más estricta.
- Distribución de la riqueza de la IA: Altman ha comparado este modelo con fondos de riqueza pública que invierten en activos y distribuyen dividendos a los ciudadanos.
- Precedente para el sector: Si se materializa, podría establecer un nuevo estándar para la relación entre las grandes empresas de IA y los gobiernos.
- Incertidumbre para la competencia: No está claro si las empresas rivales apoyarían esta estructura de propiedad, lo que podría generar ventajas o desventajas competitivas.
Esta iniciativa de OpenAI abre un interrogante fundamental: ¿es esta la vía para una IA más responsable y equitativa, o un intento de blindar a los gigantes tecnológicos de una supervisión más estricta? El debate apenas comienza, pero las implicaciones son enormes para el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.
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